La reforma laboral aprobada en 2025 ha introducido ajustes significativos en la regulación del despido individual y colectivo, con especial incidencia en la indemnización por terminación de contrato y los criterios de improcedencia.
Entre las novedades destaca la ampliación de las causas justificadas para despido disciplinario, la revisión de umbrales para considerar improcedencia y la introducción de mecanismos de tutela reforzada para colectivos vulnerables.
Estos cambios tienen impacto directo en la práctica forense y en la estrategia de defensa, tanto para trabajadores como para empresas. La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha comenzado a matizar la aplicación de estas reformas, especialmente en materia de causas objetivas relativas a absentismo y ajustes organizativos.
Los profesionales del Derecho Laboral deben incorporar estas modificaciones en su desempeño habitual, asegurando un asesoramiento adaptado a los nuevos criterios normativos y jurisprudenciales.
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